El desprestigio del gobierno santiagueño había cobrado una dimensión nacional imposible de revertir. En la provincia, Mujica enfrentaba pedidos de juicio político. La situación económica se complicaba cada vez más. Los giros coparticipables se desviaban para pagar los intereses de los créditos contraídos. Los fondos del entonces Banco de la Provincia se habían agotado en un verdadero festival de préstamos incobrables y en maniobras fraudulentas de arrastre, y los ingresos en concepto de adelantos enviados por la Nación eran incautados, no bien llegaban, para atender los compromisos con las entidades financieras privadas. El Ministerio de Economía de la Nación ya no quería enviar nuevas remesas de dinero.

A comienzos del mes de diciembre de 1993, el fin del gobierno de Carlos Mujica en la provincia de Santiago del Estero era inminente. La protesta del pueblo santiagueño ante el cúmulo de problemas irresueltos crecía en tono y ánimo. La inmediata consecuencia de todo esa crisis fue solicitar desde el Gobierno Nacional la renuncia de Mujica, para que asumiera en su lugar el vicegobernador Fernando Lobo.

El desprestigio del gobierno santiagueño había cobrado una dimensión nacional imposible de revertir. En la provincia, Mujica enfrentaba pedidos de juicio político. La situación económica se complicaba cada vez más. Los giros coparticipables se desviaban para pagar los intereses de los créditos contraídos. Los fondos del entonces Banco de la Provincia se habían agotado en un verdadero festival de préstamos incobrables y en maniobras fraudulentas de arrastre, y los ingresos en concepto de adelantos enviados por la Nación eran incautados, no bien llegaban, para atender los compromisos con las entidades financieras privadas. El Ministerio de Economía de la Nación ya no quería enviar nuevas remesas de dinero.

Luego de un encuentro con el ministro del Interior Carlos Ruckauf, Mujica regresó a Santiago y se reunió con el vicegobernador Fernando Lobo a quien le entregó la renuncia para que éste la anunciara públicamente. En silencio, sin decir una palabra, se retiró del lugar del encuentro. Su función al frente del Poder Ejecutivo había terminado.

La asunción de Fernando Martín Lobo, un mes antes del estallido social, si abrió expectativas alentadoras, éstas no tardaron en desvanecerse. Sus días como gobernador estaban contados, básicamente por no producir cambios sustanciales y por colocar para conducir el área económica, precisamente, al ex ministro de Mujica, Aizar Antonio Assefh, lo que fue visto como un retorno al pasado inmediato, que no se quería repetir.

Por otra parte, el Gobierno Nacional exigió la aplicación de la Ley Omnibus, pensando que así se podrían corregir desajustes. En su artículo duodécimo, la ley establecía: “Declárase en disponibilidad a todo el personal del Estado Provincial” y “el cese inmediato de todo el personal que no haya alcanzado a la fecha de la presente, un año de antigüedad desde el momento de su designación”.

El pueblo reaccionó con mayor virulencia a la demostrada en manifestaciones anteriores, convencido de que se trataba de una salida traumática que perjudicaría enormemente a los empleados públicos, entendiendo que estaban sentenciados al despido masivo por culpa de las malas administraciones corrompidas.

Por otra parte, existían claros indicios que hacían presumir que Lobo había sido abandonado a su suerte desde las altas esferas del Gobierno Nacional. Lobo, cercado por la embestida de las manifestaciones públicas, e incapaz de encontrar una salida a la grave situación, ordenó no reprimir a los manifestantes y optó por abandonar la sede del gobierno junto a sus ministros, en un camión de los Bomberos Voluntarios.

El "Santiagueñazo" se desató el 16 de diciembre de 1993 y sin demora, al día siguiente, el presidente Menem firmaba el decreto que ponía en funciones como interventor federal al por entonces cavallista Juan Schiaretti.

El interventor responsabilizó del estallido social a las "administraciones anteriores sumidas en una crisis moral y ética" y prometió investigar la corrupción.

Sus principales anuncios fueron el pago de 500 y 300 pesos a empleados estatales y jubilados, respectivamente, a cuenta de las abultadas deudas salariales que tenía la provincia y que en parte produjeron el estallido social.

El 19 de diciembre, asumieron los nuevos miembros del Superior Tribunal de Justicia y comenzó el pago de los adelantos con largas colas vigiladas por tropas de Gendarmería.

La intervención federal estuvo integrada por funcionarios del equipo del por entonces ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, quienes con dinero fresco del Estado Nacional comenzaron a normalizar las cuentas de la provincia.