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Los socialistas, contra la ley de medios PDF Imprimir E-Mail
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 Exigieron más restricciones a las telefónicas, una autoridad de aplicación independiente y la regulación de la publicidad oficial. En tanto, el PRO denuncia un pacto entre el Gobierno y Telecom. Sin embargo, el kirchnerismo confía en aprobar el dictamen.
A pocos días de que el proyecto sea discutido en el recinto, la mayoría de la oposición plantó bandera por el “no” a la nueva Ley de Radiodifusión. La sorpresa la dieron los socialistas: el bloque de diez diputados de ese partido no apoyará la norma enviada por el Gobierno y emitirá un dictamen de minoría.

Ayer, después de una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del socialismo, encabezado por el senador Rubén Giustiniani, los dirigentes de esa fuerza sostuvieron que algunos puntos de la iniciativa son “inaceptables”. “Hay un combo peligroso: el Poder Ejecutivo obliga a que las empresas de medios se adecuen y cedan las licencias que correspondan, que serán cientos, en un año y al mismo tiempo permite el ingreso de las telefónicas. Y el Gobierno manejará eso”, dijo a Crítica de la Argentina la diputada Silvia Augsburger, al advertir sobre la posible formación de un nuevo monopolio.

El espacio exige tres cambios fundamentales: una autoridad de aplicación que no dependa del Poder Ejecutivo, mayores restricciones a las compañías de teléfono y regulación de la publicidad oficial.

Por problemas de agenda, a la reunión faltó el gobernador santafecino Hermes Binner, quien desde un principio se había mostrado a favor de dar la discusión antes del 10 de diciembre e, incluso, en clave moderada cargó sus tintas contra la red Cadena 3, una de las firmas que deberían resignar radios con la norma K. “Nosotros queremos que salga la mejor ley. Si incluyen cambios, los estudiaremos”, dijo a este diario, más contemporizador, un hombre del riñón de Binner que estuvo en el encuentro.

Desde el radicalismo y Unión-PRO, ya dando por sentado que cayó su primer planteo de que la ley debía debatirse tras el recambio parlamentario, ahora apuntan sus dardos sobre el artículo 25, que le abre el juego de la comunicación audiovisual a las telefónicas, algo que tenían vedado.

El presidente del bloque PRO, Federico Pinedo, sostuvo ayer que la iniciativa “lleva al convencimiento de que hay un acuerdo entre sectores del Gobierno y privados”. El legislador le puso nombre y todo: sostuvo que la firma beneficiada es Telecom.

Por el radicalismo, Oscar Aguad, el jefe de esa bancada en la Cámara baja, ratificó el compromiso asumido por parte de la oposición de revisar las leyes sancionadas luego del 10 de diciembre, cuando cambie la composición del Congreso.

La Coalición Cívica, que en un primer momento se encolumnó con sus pares de Unión-PRO y la UCR, presentó su postura por separado. El jefe de la bancada, Adrián Pérez, sostuvo que el objetivo del Gobierno es “diseñar una herramienta de control sobre los medios”. Mientras tanto, Elisa Carrió sigue sin fijar una postura pública sobre la iniciativa K. La dirigente está en contra de la ley, pero sigue en las penumbras.

Más allá de estos rechazos, en el oficialismo están convencidos de que tienen los votos como para imponerse luego de plasmar algunos cambios pedidos por la centroizquierda y algunos legisladores de la tropa K.

El martes habrá reunión de comisiones y ahí se emitiría dictamen. El plan del Frente para la Victoria es bajar al recinto al día siguiente o, a más tardar, el jueves.

Cuarta audiencia: un round entre Clarín y Telecom

Ayer, a las 20.30, terminaron las maratónicas cuatro jornadas diarias de audiencias públicas convocadas por el debate de la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Desfilaron por el atril cerca de 200 expositores.

Entre las últimas disertaciones, llamó la atención la presencia de Telecom, a quien desde la oposición sindican como la gran beneficiaria de la norma. La firma decidió su participación en el foro a último momento, según confiaron fuentes de la empresa a este diario. “Éste es un importante avance en las limitaciones que representa la actual regulación para las redes de telecomunicaciones”, sostuvo Hernán Colombo, directivo de la empresa. “Propiciamos que todos los actores del mercado puedan competir, en todos los servicios, en igualdad de condiciones, a fin de poder ofrecer a los clientes más y mejores prestaciones”, completó.

Un rato antes expuso en el mismo escenario el grupo rival que más combate la ley: Artear S.A., controlada por el multimedio Clarín. Lo hizo a través del gerente de Asuntos Jurídicos, Andrés Torres, quien aseguró que “no es una ley moderna” y comparó la etapa que se viene con lo que ocurrió con los medios en el país entre 1973 y 1990, cuando los canales de aire estaban en manos del Gobierno. “Cada vez que el Estado intervino en el control de los canales, hubo límites a la libertad de expresión”, concluyó.
 
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